La aprobación de la Ley Orgánica de Inteligencia (77 votos) responde a una realidad innegable: Ecuador enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes que demanda herramientas modernas para combatir el crimen organizado. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que estas facultades extraordinarias pueden convertirse en instrumentos de control político. Las preocupaciones expresadas por organizaciones civiles, periodistas y académicos no son infundadas. La posibilidad de acceder a comunicaciones sin orden judicial y la falta de controles democráticos claros evocan experiencias pasadas donde el aparato de inteligencia se utilizó para perseguir opositores políticos. Esta práctica no es exclusiva de un gobierno específico; es una tentación inherente al poder concentrado. Ecuador necesita fortalecer su capacidad de inteligencia, pero también entender que la verdadera seguridad nacional incluye la protección de nuestras libertades fundamentales.