El traslado del Gobierno a Latacunga (Cotopaxi), formalizado mediante Decreto Nro. 127, llega en un momento sensible. Aunque el Ejecutivo justifica la medida como una búsqueda de “cercanía territorial” y diálogo ciudadano, la coincidencia temporal resulta inevitable: ocurre justo cuando Carchi, ante la desatención del gabinete decidió comenzar con una paralización, un día después del controvertido anuncio de eliminación del subsidio al diésel. Si bien el artículo 165 constitucional respalda legalmente esta decisión, surgen interrogantes sobre las verdaderas motivaciones. ¿Busca el gobierno genuinamente acercarse a las problemáticas regionales, o representa una estrategia para evadir las protestas que históricamente se concentran en Quito? La decisión de enviar a la vicepresidenta Pinto a Otavalo refuerza la dispersión del poder ejecutivo. Aunque constitucionalmente válido, este movimiento podría interpretarse como una maniobra preventiva, más que un ejercicio de descentralización gubernamental efectiva.
