El pánico financiero no es solamente un término técnico, sino una realidad que puede destruir la confianza ciudadana en el sistema bancario. Esta situación se presenta cuando se difunden noticias falsas que generan alarma y provocan el retiro masivo de depósitos, poniendo en peligro la estabilidad económica de todo un país. El reciente caso del Banco Pichincha ilustra perfectamente esta problemática. Las fallas técnicas en su aplicación móvil desataron rumores infundados sobre un supuesto cierre de la institución, obligando a las autoridades a desmentir categóricamente estas versiones. Esta situación evidencia cómo la desinformación puede transformar un problema técnico en una amenaza sistémica. El COIP, en su artículo 322, tipifica el pánico financiero como delito, estableciendo penas de 5 a 7 años de prisión para quienes propaguen noticias falsas que causen alarma pública. Que el odio no le gane a la razón, ni a la verdad.
